La sólida reactivación de las reformas

La sólida reactivación de las reformas

17 / 05 / 2018
El envejecimiento del parque y las ayudas del Plan de Vivienda impulsan la actividad

 

En 2018 cada vivienda gastará una media de 681 euros en reformas, un 4,5% más que el año anterior, lo que supone un gasto global nacional de 17.514 millones. 

 

El 83% de las viviendas en España tiene más de 18 años y más del 50% supera los 40 años. Es decir, el envejecimiento del parque contribuye a esta mayor demanda de reformas que se beneficiará igualmente del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

 

Por primera vez incluye ayudas para las reformas interiores, no solo para la rehabilitación del exterior del edificio. Los potenciales beneficiarios son los propietarios de viviendas finalizadas antes de 1996, o lo que es lo mismo, 14 millones de viviendas. Ayudas gestionadas desde las Comunidades Autónomas, que pueden incluir otras adicionales a las aprobadas por Fomento. La reforma se ve igualmente afectada por la situación económica general, con un PIB cercano al 3%, o la tasa de paro disminuyendo, así como el «boom» del alquiler.

 

Entre los datos destacados en el informe, el de que siete de cada diez inmuebles que se venden en España pasan antes o después una reforma y por un piso reformado se puede sacar hasta un 30% más de renta de alquiler y aumenta su valor un 20%. Las reformas vienen en parte exigidas por la inversión de la pirámide poblacional que obliga a que los pisos sean más accesibles y confortables para una población envejecida. E igualmente por la evolución de una sociedad en la que crece el número de viviendas unifamiliares.

 

Se cree que la Administración puede contribuir al despegue de un sector llamado a lograr la sostenibilidad de la construcción y a apuntalar la recuperación de la economía y del mercado laboral, «pues por cada puesto de trabajo en obra nueva se generan 1,5 en reformas». Por ello es imprescindible recuperar la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico, que se eliminó en 2013, lo que podría favorecer a unos 200.000 hogares y serviría para aflorar buena parte de la actividad sumergida que persiste en el sector.