Galicia sufre el impacto visual de más de 50.000 viviendas sin terminar

Galicia sufre el impacto visual de más de 50.000 viviendas sin terminar

14 / 02 / 2018

La crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejaron Galicia llena de esqueletos de construcciones sin concluir. La falta de liquidez en el sector del ladrillo y el retraimiento en la compra de viviendas abocó al concurso de acreedores y a la quiebra a decenas de constructoras y promotoras que dejaron en manos de los bancos las edificaciones tal y como las tenían en el momento de echar el cierre. Las entidades financieras comienzan ahora a mover las más atractivas para el mercado inmobiliario, pero aún quedan miles sin que se atisbe una salida para ellas ni para los vecinos que sufren su agresión en su entorno, el vandalismo del que son objeto y la inseguridad que generan.

El arquitecto y defensor del patrimonio paisajístico gallego Carlos Fernández Coto estima que en toda la comunidad son más de 50.000 los proyectos de viviendas que se quedaron con forma de esos esqueletos constructivos que siguen en pie sin acabar o sin decisión administrativa o judicial que las aboque al derribo. «Me aseguran incluso que me he quedado corto en la estimación, pero es difícil dar una cifra exacta, pues no hay censos municipales ni autonómicos», apunta lamentando la ausencia de una herramienta que serviría para concienciar más de la existencia del problema que causan en Galicia. «Esto no es Levante, pero solo hay que cruzar el puente e ir a Asturias o pasar a Portugal y ver que en esos territorios el efecto de obras inacabadas es menor», ratifica Fernández Coto. 

Obras en un limbo legal

Ni la ley gallega de habitabilidad de 1992 ni la del suelo del 2016 han puesto coto a una circunstancia que ha dejado a miles de personas sin la vivienda que comenzaron a pagar y construcciones en el limbo legal al haber perdido la vigencia de la licencia municipal concedida. La reposición de la parcela a su estado original es aún más compleja que rematar las construcciones abandonadas. El desconocimiento sobre a quién notificar las advertencias legales o sanciones a las que haya lugar bloquean la solución en infinidad de casos al perderse el hilo de la propiedad en medio de sociedades compartidas, firmas quebradas y bancos con entramados complejos.

La Consellería de Medio Ambiente se está ofreciendo a los concellos para asumir las competencias de vigilancia y control de la legalidad urbanística que la Xunta solo puede ejercer directamente en los casos que detecte en suelo rústico sin licencia o de servidumbre. 

La costa, más afectada

Hasta ahora, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) autonómica ejerce ese control en unos 60 concellos que le han cedido dicha competencia de vigilancia, pero suele coincidir con los enclaves de menos población y recursos económicos, y por tanto no son tampoco los más afectados por la proliferación de esqueletos sin terminar.

«En Galicia la costa es la más afectada. Muchos pueblos no turísticos del litoral comenzaron a eclosionar y la gran demanda llevó a construir viviendas donde fuera, en muchos pueblos sin planeamiento e incluso sin respetar leyes como la de costas. Mucha gente construyó por encima de su límite económico y la crisis la pilló con el pie cambiado y sin liquidez para continuar con sus obras», argumenta sobre el porqué de tanta obra inacabada Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias.

Subraya la patronal del sector que resulta muy complejo actuar ante empresas quebradas y sin activos, a lo que añade que la Administración no suele forzar a la Sareb, la entidad que se hizo cargo de los inmuebles de los bancos rescatados, a activar las obras paradas.

Iglesias reclama mayor seguridad jurídica en materia de urbanismo «con normativas claras, agrupadas y legibles», para poder hacer frente a las construcciones que ni los ayuntamientos pueden derribar ni obligar a concluir.